EL GOBIERNO SIGUE ENGAÑANDO A LOS CIUDADANOS: EL ANTEPROYECTO DE JUSTICIA GRATUITA NO ATENÚA LA ENORME GRAVEDAD DE LA LEY DE TASAS, PORQUE LA INMENSA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN SE VERÁ EXCLUIDA DEL ACCESO A LA JUSTICIA
El Consejo
de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de justicia gratuita, que
pretende justificar como una norma que disminuye el coste que supone para los
ciudadanos la recientemente aprobada Ley de Tasas.
La argumentación del Consejo de Ministros acepta
por fin que las tasas incrementan los costes para los ciudadanos pero engaña a
la opinión pública cuando afirma que se elevan los umbrales de recursos, cuando
la verdad es que los reducen o los elevan de forma insignificante: “Dado que las
tasas judiciales aumentan los costes procesales, se ha considerado oportuno
incrementar los umbrales hasta ahora vigentes para evitar que puedan limitar el
acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos”
Gallardón y el Gobierno mienten
descaradamente. Lo único que hace este anteproyecto es condenar definitivamente
a la inmensa mayoría de los ciudadanos a no poder realizar ninguna reclamación
ante la Administración
de Justicia, cuando estén en juego sus legítimos derechos.
Porque mientras el Gobierno
ampara de forma vergonzosa, a los delincuentes de cuello blanco como los
responsables de la Banca
rescatada con fondos públicos que son de los ciudadanos, y no toma ninguna
medida para impedir casos, como el caso Pallerols y muchos otros de igual
gravedad, aquellos cuyos recursos superan ligeramente el paupérrimo SMI,
deberán desistir de defender sus legítimos derechos. Es decir, los que roban a
los ciudadanos, si son ricos o de partidos afines, se libran de la cárcel con
el apoyo expreso o tácito del Gobierno central y, en este caso, también el de
algunas CCAA como Cataluña, y los que carecen de recursos suficientes son
condenados a no poder defenderse en los Tribunales de Justicia.
Este anteproyecto de Ley de
Justicia gratuita junto a la Ley
de Tasas Judiciales (publicada en el BOE el 21-11-2012) es un puro engaño de
Gallardón. Se obliga a la inmensa mayoría de los ciudadanos a pagar injustas, enormes
y desproporcionadas tasas si quieren defender sus derechos ante la Justicia , mientras el
anteproyecto de justicia gratuita solo ampara a una exigua minoría de personas.
Ambas normas aprobadas por el
Gobierno suponen un retroceso radical en el servicio público de la Administración de
Justicia. Porque hasta ahora, desde que se aprobó la ley 1/96 de Asistencia
Jurídica Gratuita, los ciudadanos con menos recursos pero que no tenían el
beneficio de justicia gratuita no pagaban tasas Judiciales y podían defender
sus derechos en los Juzgados y Tribunales sin poner en riesgo los recursos
destinados a sobrevivir, sin perjuicio de que la Administración de
Justicia mantenía graves deficiencias e injusticias que ningún Gobierno ha sido
capaz o ha querido corregir.
Ahora, este anteproyecto, a
pesar de las declaraciones de Gallardón, no produce avances en relación a los
recursos económicos para poder gozar del beneficio de acceso a la justicia
gratuita, pues el incremento de ingresos, en algún caso, que el anteproyecto
contempla es tan insignificante que no va a permitir a más personas
beneficiarse.
Además, los datos que el
Gobierno ha publicado en su página web sobre el incremento del umbral para
poder acceder a la justicia gratuita que va a suponer este anteproyecto, está
lleno de datos falsos que convierten en vulgar propaganda su contenido .
Según el Gobierno, estos son los
umbrales de recursos económicos anuales necesarios por debajo de los cuáles se
podrá acceder a la justicia gratuita, siempre y cuando no se tenga “un patrimonio suficiente”, patrimonio
que queda al criterio de la
Administración decidir si lo es o no:
Unidad Familiar
|
Una persona
|
Dos miembros
|
Tres miembros
|
Cuatro miembros
|
Circunstancias
especiales FAM NUM 1ª clase
|
Umbral de justicia
gratuita actual
|
14.910 euros
2 veces el SMI
|
29.821 euros
4 veces el SMI
|
|||
Umbral de justicia gratuita propuesto
|
12.780 €
2 veces el IPREM
|
15.975,33 euros
2,5 veces el IPREM
|
19.170,39 €
3 veces el IPREM
|
31.950,65 €
5 veces el IPREM
|
|
Variación
|
-- 2.130 €
|
1.065,33 €
|
4.260,39€
|
2.129,65€
|
|
Con estos datos, el Gobierno
utiliza un SMI (salario mínimo interprofesional) de 532,5, muy inferior
al aprobado por el propio Consejo de Ministros de hace varias semanas (BOE de
31.12.2012), que es de 645,30 euros brutos/mes (14 pagas).
Tampoco el valor del IPREM (índice público de renta de
efectos múltiples) que se utiliza por Gallardón es el actual (por cierto,
congelado desde 2010). Su valor es de 532,51 euros brutos/mes y no 456,43.
Si utilizamos los valores reales publicados en el BOE
de SMI e IPREM en 2013, los umbrales de recursos económicos para acceder a la Justicia gratuita con el
anteproyecto son:
Unidad Familiar
|
Una persona
|
Dos miembros
|
Tres miembros
|
Cuatro
iembros |
Circ. espec Fam. num
1ª clase |
Umbral de
justicia gratuita actual
|
645,3x2x14=18.068,4
2 veces el
SMI*
|
36.136,8
4 veces
el SMI |
|||
Umbral de
justicia gratuita propuesto
|
14.910,28
2 veces el
IPREM **
|
532.51x2.5x14=18.637,85
2,5 veces
el IPREM
|
22.365,42€
3 veces el
IPREM
|
37.275,7€
5 veces el
IPREM
|
|
Variación
|
-- 3.158,12€
El
Solicitante tiene aún más difícil acceder a la justicia gratuita
|
569,45€
El
Solicitante tiene igual de difícil acceder a la justicia gratuita, pues la
variación es imperceptible: 40,6€/mes
|
4.297,02€
|
1.138,9€
|
|
*SMI (Salario mínimo
interprofesional) mensual 1-1-2013: 645,30 euros
**IPREM (índice
público de renta de efectos múltiples) mensual 2013, congelado: 532,51 euros
Como se verá, la primera tabla,
la utilizada por el Gobierno, con datos falsos de SMI e IPREM, pretende
demostrar la mejora de este anteproyecto sobre la ley de 1996, algo que queda destrozado
con los datos de la segunda tabla, cuando se utilizan los datos actualizados a
día de hoy de SMI e IPREM, que demuestran que este anteproyecto no representa
mejoras para los ciudadanos.
Por tanto, el Gobierno presenta un anteproyecto de justicia gratuita que no
compensa de ninguna forma los gastos que suponen la escandalosa Ley de Tasas,
pues millones de ciudadanos con escasos recursos seguirán excluidos de la Justicia gratuita y a su
vez no podrán acceder a la
Administración de Justicia, porque deberán escoger entre
dedicar sus ingresos a la vivienda y manutención o a defender sus derechos ante
los Tribunales.
