06.03.2012- El ministro de Justicia denomina privilegios el actual derecho de los funcionarios públicos de poder acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa sin abogado y procurador para defender sus derechos laborales y anuncia la supresión de ese derecho.
Asimismo, anuncia que también reformará la Ley de Planta y Demarcación en el mes de octubre, modificando en profundidad el actual modelo de organización, y probablemente el actual concepto de partido judicial.Las palabras del propio ministro de Justicia ha enfatizado en su intervención que, "ha tenido la ocasión de trasladar las líneas generales de dicha reforma al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores, al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al Consejo General del Notariado, al Colegio de Registradores, a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la Asociación de Jueces para la Democracia, a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, a la Asociación de Fiscales y a los consejeros autonómicos de las comunidades de Cataluña, de Valencia, de Galicia, de Canarias, de Extremadura y del País Vasco", pero no a los representantes de los trabajadores, lo que es una demostración de la falta de respeto del ministro hacia los miles de trabajadores, ya que sigue sin reunirse con los representantes de más de 40.000 trabajadores, que son la piedra angular de la Administración de Justicia, a pesar de que las reformas anunciadas pueden significar modificaciones importantes de nuestras condiciones de trabajo.La nueva vuelta de tuerca de Gallardón para hacer más complicado acceder a la Administración de Justicia, imponiendo nuevas tasas y depósitos, conculca, a juicio de CCOO, el derecho a la tutela judicial efectiva.Gallardón ha anunciado también la modificación de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa-administrativa para eliminar lo que él afirma que supone un privilegio de los empleados públicos, la exención de abogado y procurador actualmente prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones ante la jurisdicción C-A en defensa de sus derechos laborales. Al ministro de Justicia se le olvida que recientes reformas legislativas ya han mermado el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores públicos en comparación con el resto de trabajadores por cuenta ajena quienes pueden acudir gratuitamente y sin representación alguna a la primera instancia en la jurisdicción social en reclamación de sus derechos laborales, mientras que los empleados públicos estamos obligados a constituir el depósito correspondiente para recurrir en la jurisdicción contenciosa. Esto que ya suponía una discriminación con respecto al resto de trabajadores, volverá a abrir la brecha entre unos y otros, luego no es un privilegio de los empleados públicos sino un derecho de todos los trabajadores.Nuevamente, al ministro de Justicia parece que lo que le preocupa verdaderamente no es la mejora de la justicia sino dificultar cada vez más el acceso a la Administración de Justicia a los más débiles, los trabajadores y ciudadanos con recursos limitados. También afirma que seguirá impulsando la nueva oficina judicial y que "es una buena idea, pero es una buena idea que precisa de un mejor desarrollo". Afirma que "vamos a trabajar en esa dirección, y nos vamos a apoyar no solo en la mejora tecnológica sino también en el cambio de modelo organizativa, teniendo presente la figura de los tribunales de instancia y, por supuesto, todo ello asociado a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta y de la Ley Orgánica del Poder Judicial"Para CCOO si la forma de entender Gallardón lo que denomina "tender puentes y alcanzar consensos con los operadores jurídicos", se hace excluyendo de ese consenso a los miles de trabajadores y a sus representantes democráticamente elegidos, demuestra que el ministro ha elegido un camino profundamente equivocado.CCOO exige nuevamente al ministro de Justicia que se reúna de inmediato con los representantes de los trabajadores, y exponga sus proyectos de forma mucho más precisa que lo que hace en el Congreso, en el Senado y ante los medios de comunicación. Y que debe formalizarse un calendario de negociación para la mesa sectorial que establezca como prioritarias todas aquellas cuestiones que afectan a los derechos de los trabajadores. Porque CCOO no va a asistir callada si se pretende por el Ministerio de Justicia realizar modificaciones unilaterales que supongan retrocesos en los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia.
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Asimismo, anuncia que también reformará la Ley de Planta y Demarcación en el mes de octubre, modificando en profundidad el actual modelo de organización, y probablemente el actual concepto de partido judicial.Las palabras del propio ministro de Justicia ha enfatizado en su intervención que, "ha tenido la ocasión de trasladar las líneas generales de dicha reforma al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores, al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al Consejo General del Notariado, al Colegio de Registradores, a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la Asociación de Jueces para la Democracia, a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, a la Asociación de Fiscales y a los consejeros autonómicos de las comunidades de Cataluña, de Valencia, de Galicia, de Canarias, de Extremadura y del País Vasco", pero no a los representantes de los trabajadores, lo que es una demostración de la falta de respeto del ministro hacia los miles de trabajadores, ya que sigue sin reunirse con los representantes de más de 40.000 trabajadores, que son la piedra angular de la Administración de Justicia, a pesar de que las reformas anunciadas pueden significar modificaciones importantes de nuestras condiciones de trabajo.La nueva vuelta de tuerca de Gallardón para hacer más complicado acceder a la Administración de Justicia, imponiendo nuevas tasas y depósitos, conculca, a juicio de CCOO, el derecho a la tutela judicial efectiva.Gallardón ha anunciado también la modificación de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa-administrativa para eliminar lo que él afirma que supone un privilegio de los empleados públicos, la exención de abogado y procurador actualmente prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones ante la jurisdicción C-A en defensa de sus derechos laborales. Al ministro de Justicia se le olvida que recientes reformas legislativas ya han mermado el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores públicos en comparación con el resto de trabajadores por cuenta ajena quienes pueden acudir gratuitamente y sin representación alguna a la primera instancia en la jurisdicción social en reclamación de sus derechos laborales, mientras que los empleados públicos estamos obligados a constituir el depósito correspondiente para recurrir en la jurisdicción contenciosa. Esto que ya suponía una discriminación con respecto al resto de trabajadores, volverá a abrir la brecha entre unos y otros, luego no es un privilegio de los empleados públicos sino un derecho de todos los trabajadores.Nuevamente, al ministro de Justicia parece que lo que le preocupa verdaderamente no es la mejora de la justicia sino dificultar cada vez más el acceso a la Administración de Justicia a los más débiles, los trabajadores y ciudadanos con recursos limitados. También afirma que seguirá impulsando la nueva oficina judicial y que "es una buena idea, pero es una buena idea que precisa de un mejor desarrollo". Afirma que "vamos a trabajar en esa dirección, y nos vamos a apoyar no solo en la mejora tecnológica sino también en el cambio de modelo organizativa, teniendo presente la figura de los tribunales de instancia y, por supuesto, todo ello asociado a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta y de la Ley Orgánica del Poder Judicial"Para CCOO si la forma de entender Gallardón lo que denomina "tender puentes y alcanzar consensos con los operadores jurídicos", se hace excluyendo de ese consenso a los miles de trabajadores y a sus representantes democráticamente elegidos, demuestra que el ministro ha elegido un camino profundamente equivocado.CCOO exige nuevamente al ministro de Justicia que se reúna de inmediato con los representantes de los trabajadores, y exponga sus proyectos de forma mucho más precisa que lo que hace en el Congreso, en el Senado y ante los medios de comunicación. Y que debe formalizarse un calendario de negociación para la mesa sectorial que establezca como prioritarias todas aquellas cuestiones que afectan a los derechos de los trabajadores. Porque CCOO no va a asistir callada si se pretende por el Ministerio de Justicia realizar modificaciones unilaterales que supongan retrocesos en los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia.
