EL PASADO VIERNES EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA QUE DESJUDICIALIZA CIENTOS DE PROCEDIMIENTOS CUYA TRAMITACIÓN
ATRIBUYE A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTILES LO QUE SIGNIFICA, COMO CCOO VIENE DENUNCIANDO HACE MESES, UN
PASO MÁS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
Sólo
con la movilización masiva conseguiremos parar las reformas de Gallardón, por
eso llamamos a los trabajadores y trabajadoras a secundar las movilizaciones convocadas
por CCOO, entre otras, la concentración que tendrá
lugar en septiembre, el día de la apertura del año judicial, y la huelga
convocada para el día 8 de octubre en la Administración de
Justicia.
Gallardón continúa
reformando leyes para desjudicializar procedimientos y otorgar a profesionales
privados la capacidad para realizar actos y tramitar procedimientos que hasta
ahora se realizaban de manera exclusiva por el personal que presta servicios en
la Administración
de Justicia, reformas encaminadas a obstaculizar a la ciudadanía el acceso a la
justicia y a eliminar puestos de trabajo.
El proyecto de Ley
de Jurisdicción Voluntaria, aprobado en el consejo de ministros del pasado
viernes, atribuye a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
previa regulación de los aranceles de derechos correspondientes a su
intervención, el conocimiento para tramitar procedimientos que hasta ahora
eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia.
Ya el pasado mes de
junio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en el que se establecía que la acreditación de la condición de sefardita
se hará por medio de los Notarios, la tramitación se hará a través de una
plataforma electrónica, y habrá que pagar una tasa de 75 €. En el consejo de
ministros del 4 de julio, mediante una Disposición
Adicional vigésima introducida en el RDL 8/2014, se atribuye la llevanza del
Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y ahora, el consejo se ministros, vuelve a favorecer a
estos profesionales privados en detrimento de un servicio público fundamental como
es la Administración
de Justicia.
Los Notarios tramitarán
la mayoría de expedientes relativos a declaraciones de herederos, las subastas
voluntarias e incluso tendrá competencia para conocer de reclamaciones de
deudas dinerarias. Además podrán tramitar el expediente previo al matrimonio
civil –en su caso se denominará acta- y celebrar el enlace matrimonial-, y
tendrán potestad para acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando
no haya hijos menores o personas con discapacidad.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
entre otros, tendrá competencia para el conocimiento de las reclamaciones en
aquellos casos en los que las sociedades mercantiles no convoquen la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, y
la reclamación para constituir el sindicato de obligacionistas y designar un
comisario en el caso de las sociedades anónimas y personas jurídicas que emitan
obligaciones de cualquier clase no lo hubieran constituido.
Para CCOO este real decreto supone otra privatización
en toda regla de un servicio público.
El Gobierto y su ministro Gallardón,
continúan con sus políticas encaminadas a privatizar los servicios públicos y destruir el estado
del bienestar, gobernando a golpe de
real decreto, cumpliendo con los mandatos de la troika para reducir el déficit
público.
