¿Es necesaria una campaña en defensa de los servicios públicos?
En 2011, el presidente de la patronal española CEOE, Joan Rosell, en una comparecencia pública refiriéndose a los empleados y empleadas públicos manifestó: "con los que no tienen trabajo hay que hacer lo mismo que hacemos en el sector privado, buscar soluciones, recolocarlos, reubicarlos y, si no hay más remedio, despedirlos"; estas declaraciones, como era de esperar, generaron una fuerte polémica.
Carlos Julio López Inclán, secretario general FSC-CCOO de Castilla y León.
Carlos López Inclán.- Secretario general FSC-CCOO de Castilla y León
Más recientemente, con motivo de la Asamblea de la Patronal de Concesionarios (FACONAUTO) manifestó: “tenemos un problema de déficit público. No supimos sostener los ingresos ni retener los gastos. Reducirlo es el objetivo”. Esta línea de pensamiento no es exclusiva del señor Rosell, desde otras instancias del mundo económico y empresarial se insta en la necesidad de un adelgazamiento del sector público. El FMI insiste de forma reiterada en reformas estructurales del sector público como condición para la mejora de la economía española. Medios de comunicación y tertulianos, incluso llegando a lo caricaturesco, argumentan el excesivo tamaño del sector público y su ineficiencia.
De la misma manera, el Gobierno del Partido Popular, basándose en el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) ha diseñado un paquete de medidas, recortes en su mayoría, que responden a los consagrados conceptos de la corrección de desequilibrios y el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria. Este último fue elevado a norma constitucional por el anterior gobierno del PSOE en un acuerdo de ambos partidos para el que no hay precedente.
Sin embargo, esta visión tan negativa del sector público no responde, ni tan siquiera mínimamente, a su realidad. Responde a arquetipos creados por este tipo de actores que defienden intereses privados muy lejanos de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas.
De ahí la necesidad de una campaña que, desmontando estos arquetipos, defienda el patrimonio común que constituyen los servicios públicos. En un estado democrático y moderno, donde el bienestar del conjunto de la población es un objetivo básico e irrenunciable, es necesaria una amplia maquinaria que garantice, por un lado, la prestación de servicios directos a la población (sanidad, educación, transporte…) y, por otro, el funcionamiento de otro tipo de servicios de carácter más administrativo (incluso burocrático) pero que, en el fondo, garantizan el funcionamiento democrático del país. Es decir, la Administración debe garantizar en todo momento los servicios directos demandados por los ciudadanos y, también, que los diferentes procesos administrativos se produzcan en términos de equidad y de protección de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Es, en este último aspecto, donde una campaña en defensa de lo público debería realizar un mayor hincapié.
¿Qué elementos debería incluir una campaña de este tipo?
En primer lugar, sería imprescindible profundizar en la divulgación de los servicios que se prestan por las diferentes administraciones lo que, por un lado, ampliaría el conocimiento de la población sobre la diversidad de los servicios que se prestan desde lo público, más allá de los más nombrados (sanidad, educación, servicios sociales…) y, por otro, conocer qué administración tiene conferida la responsabilidad de su prestación (competencia). Por poner un ejemplo, la enseñanza obligatoria es competencia de las comunidades autónomas; sin embargo, algo consustancial a la enseñanza obligatoria como es la vigilancia de la escolaridad obligatoria es una competencia de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
En definitiva, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas conozcan el catálogo de servicios al que tienen acceso y la administración que debe prestarlo. Esto, además, redundaría en un mejor funcionamiento del sistema democrático, ya que en cada elección se podrían pronunciar en función de elementos mucho más objetivos sobre el quehacer político ya sea en su municipio, comunidad autónoma o en el conjunto del Estado.
Tras este primer elemento, es necesario un esfuerzo para poner en valor actividades de menor visibilidad, o incluso actividades que directamente suelen ser denostadas. ¿Es posible financiar los servicios públicos sin que exista una administración tributaria?, o ¿es posible tener un buen transporte público sin que haya alguien que gestione el personal que lo presta? Estos dos sencillos ejemplos nos sitúan en la necesidad de un tratamiento global de lo público, donde las diferentes actividades se complementan unas con otras, siendo todas necesarias (imprescindibles) para el funcionamiento del conjunto.
Por último, otro de los elementos centrales de una campaña de este tipo sería combatir el concepto del excesivo gasto público en el Estado español. El gasto público en España es el 43,3% del PIB, más de 6 puntos por debajo de la media de la UE y muy lejos de países como Dinamarca, Francia o Finlandia (solamente están por debajo, y muy cerca, Irlanda y Luxemburgo). Combatir esta idea falsa no significa abandonar el concepto de austeridad y de eficiencia en el gasto público, que tiene que ver con erradicar lo superfluo, sino que tiene que ver con un esfuerzo de explicación y trasparencia sobre cómo se realiza el gasto, rechazando falsedades como, por ejemplo, la excesiva cuantía de los salarios de los empleados públicos. Además, el gasto público es uno de los instrumentos fundamentales para la redistribución de la riqueza, equilibrar las diferencias que se producen en el actual modelo social y económico y permitir avanzar hacia el Estado Social y de Derecho que reconoce la Constitución en su Artículo 1.
Iniciativas como la recientemente acordada en el seno de la Junta de Castilla y León entre sindicatos y la Consejería de Hacienda, de poner en marcha una campaña institucional de dignificación del empleado y empleada público, en paralelo al desbloqueo de la oferta de empleo público, son medidas acertadas y, que sin duda, ayudarán a mejorar el concepto que tiene la ciudadanía sobre la utilidad de lo público.
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Más recientemente, con motivo de la Asamblea de la Patronal de Concesionarios (FACONAUTO) manifestó: “tenemos un problema de déficit público. No supimos sostener los ingresos ni retener los gastos. Reducirlo es el objetivo”. Esta línea de pensamiento no es exclusiva del señor Rosell, desde otras instancias del mundo económico y empresarial se insta en la necesidad de un adelgazamiento del sector público. El FMI insiste de forma reiterada en reformas estructurales del sector público como condición para la mejora de la economía española. Medios de comunicación y tertulianos, incluso llegando a lo caricaturesco, argumentan el excesivo tamaño del sector público y su ineficiencia.
De la misma manera, el Gobierno del Partido Popular, basándose en el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) ha diseñado un paquete de medidas, recortes en su mayoría, que responden a los consagrados conceptos de la corrección de desequilibrios y el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria. Este último fue elevado a norma constitucional por el anterior gobierno del PSOE en un acuerdo de ambos partidos para el que no hay precedente.
Sin embargo, esta visión tan negativa del sector público no responde, ni tan siquiera mínimamente, a su realidad. Responde a arquetipos creados por este tipo de actores que defienden intereses privados muy lejanos de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas.
De ahí la necesidad de una campaña que, desmontando estos arquetipos, defienda el patrimonio común que constituyen los servicios públicos. En un estado democrático y moderno, donde el bienestar del conjunto de la población es un objetivo básico e irrenunciable, es necesaria una amplia maquinaria que garantice, por un lado, la prestación de servicios directos a la población (sanidad, educación, transporte…) y, por otro, el funcionamiento de otro tipo de servicios de carácter más administrativo (incluso burocrático) pero que, en el fondo, garantizan el funcionamiento democrático del país. Es decir, la Administración debe garantizar en todo momento los servicios directos demandados por los ciudadanos y, también, que los diferentes procesos administrativos se produzcan en términos de equidad y de protección de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Es, en este último aspecto, donde una campaña en defensa de lo público debería realizar un mayor hincapié.
¿Qué elementos debería incluir una campaña de este tipo?
En primer lugar, sería imprescindible profundizar en la divulgación de los servicios que se prestan por las diferentes administraciones lo que, por un lado, ampliaría el conocimiento de la población sobre la diversidad de los servicios que se prestan desde lo público, más allá de los más nombrados (sanidad, educación, servicios sociales…) y, por otro, conocer qué administración tiene conferida la responsabilidad de su prestación (competencia). Por poner un ejemplo, la enseñanza obligatoria es competencia de las comunidades autónomas; sin embargo, algo consustancial a la enseñanza obligatoria como es la vigilancia de la escolaridad obligatoria es una competencia de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
En definitiva, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas conozcan el catálogo de servicios al que tienen acceso y la administración que debe prestarlo. Esto, además, redundaría en un mejor funcionamiento del sistema democrático, ya que en cada elección se podrían pronunciar en función de elementos mucho más objetivos sobre el quehacer político ya sea en su municipio, comunidad autónoma o en el conjunto del Estado.
Tras este primer elemento, es necesario un esfuerzo para poner en valor actividades de menor visibilidad, o incluso actividades que directamente suelen ser denostadas. ¿Es posible financiar los servicios públicos sin que exista una administración tributaria?, o ¿es posible tener un buen transporte público sin que haya alguien que gestione el personal que lo presta? Estos dos sencillos ejemplos nos sitúan en la necesidad de un tratamiento global de lo público, donde las diferentes actividades se complementan unas con otras, siendo todas necesarias (imprescindibles) para el funcionamiento del conjunto.
Por último, otro de los elementos centrales de una campaña de este tipo sería combatir el concepto del excesivo gasto público en el Estado español. El gasto público en España es el 43,3% del PIB, más de 6 puntos por debajo de la media de la UE y muy lejos de países como Dinamarca, Francia o Finlandia (solamente están por debajo, y muy cerca, Irlanda y Luxemburgo). Combatir esta idea falsa no significa abandonar el concepto de austeridad y de eficiencia en el gasto público, que tiene que ver con erradicar lo superfluo, sino que tiene que ver con un esfuerzo de explicación y trasparencia sobre cómo se realiza el gasto, rechazando falsedades como, por ejemplo, la excesiva cuantía de los salarios de los empleados públicos. Además, el gasto público es uno de los instrumentos fundamentales para la redistribución de la riqueza, equilibrar las diferencias que se producen en el actual modelo social y económico y permitir avanzar hacia el Estado Social y de Derecho que reconoce la Constitución en su Artículo 1.
Iniciativas como la recientemente acordada en el seno de la Junta de Castilla y León entre sindicatos y la Consejería de Hacienda, de poner en marcha una campaña institucional de dignificación del empleado y empleada público, en paralelo al desbloqueo de la oferta de empleo público, son medidas acertadas y, que sin duda, ayudarán a mejorar el concepto que tiene la ciudadanía sobre la utilidad de lo público.
