jueves 26 de junio de 2014
El Parlamento andaluz contra la supresión de las partidos juidiciales y el cierre de los Juzgados
CCOO muestra su satisfacción por la aprobación de esta proposición no de ley por el parlamento andaluz, en el mismo camino que las propuestas que llevamos realizando al Ministerio de Justicia: que se mantengan todos los partidos judiciales, todos los órganos judiciales y todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, además de exigir la retirada de la Ley de Tasas judiciales
El parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley contra la supresión de los partidos judiciales y el cierre de los Juzgados.
La proposición no de ley rechaza el anteproyecto de reforma de la LOPJ e insta al Gobierno de la nación a mantener la planta judicial y los juzgados de paz, entre otras importantes medidas.CCOO considera que esta excelente proposición no de ley abre el camino para que otros parlamentos autonómicos se pronuncien en la misma dirección y exijan al Gobierno la retirada de dicho anteproyecto de reforma de la LOPJ.
CCOO considera que es fundamental para detener las reformas de Gallardón que trabajadores/as y el conjunto de la sociedad demuestren con su repulsa activa que la mayoría social rechaza estas políticas que pretenden no solo el alejamiento de la Justicia de la ciudadanía sino también la privatización del servicio público de la Administración de Justicia.
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La proposición no de ley rechaza el anteproyecto de reforma de la LOPJ e insta al Gobierno de la nación a mantener la planta judicial y los juzgados de paz, entre otras importantes medidas.CCOO considera que esta excelente proposición no de ley abre el camino para que otros parlamentos autonómicos se pronuncien en la misma dirección y exijan al Gobierno la retirada de dicho anteproyecto de reforma de la LOPJ.
CCOO considera que es fundamental para detener las reformas de Gallardón que trabajadores/as y el conjunto de la sociedad demuestren con su repulsa activa que la mayoría social rechaza estas políticas que pretenden no solo el alejamiento de la Justicia de la ciudadanía sino también la privatización del servicio público de la Administración de Justicia.
