Nueva Oficina Judicial y Fiscal en
Andalucía: Todo cambia para que todo siga igual.
Asistimos
en estos días a una intenso ejercicio de propaganda por parte de la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, acerca de la implantación,
como proyecto piloto, en Vélez Málaga, Fiscalía de Sevilla y El Ejido, de la
Nueva Oficina Judicial y Fiscal.
Todo
comienza en el año 2003, los dos
principales partidos políticos españoles firmaron el llamado “Pacto de Estado
por la Justicia”.
Bonito
nombre y buenas intenciones: compromiso de incrementar inversiones para nuevas
sedes judiciales, informatización, aumento de personal y sobre todo de
modificar las leyes sustantivas e implantar un modelo organizativo similar al
existente en las administraciones modernas y eficientes.
Se
modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que por presiones sindicales,
recogía estas ideas.
Pero
una cosa es lo se plasme en una Ley, aunque sea Orgánica, y otra muy diferente
lo que se lleva a la práctica.
Pues bien, aproximadamente hasta siete años
después del pacto de estado por la Justicia, aún no se habían desarrollado
todas las modificaciones normativas necesarias, y todavía hoy no se ha
finalizado, y asistimos, por mor de la mayoría absoluta del PP, a cambios
totalmente contrarios al citado pacto.
Cambios
que suponen una involución en nuestra maltratada administración de justicia:
tasas para pleitear, cierre de numerosos Juzgados, privatizaciones, (la más
próxima y escandalosa, la de los Registros Civiles) y con la excusa de la
crisis no se invierte nada nuevas sedes, ni en sistemas informáticos, se
recorta en personal y no se convocan nuevas plazas.
Andalucía no es una excepción a esta
realidad. En nuestra Comunidad, una de las mayores en número de Juzgados, los
juicios han venido aumentado sin que se haya respondido con más personal, al
contrario en la actualidad se están reduciendo por primera vez en 30 años las
plantillas, con despidos de personal interino y contratado.
En el año 2005, tras intensas movilizaciones,
se firmó un acuerdo marco entre la Consejería de Justicia, CCOO y UGT, que fijaba
una serie de compromisos, el principal la elaboración de una relación de
puestos de trabajo consensuada en los Juzgados y Tribunales Andaluces.
Este acuerdo, incluía un estudio de las
necesidades de personal y medios materiales y la creación de Servicios Comunes
pactados con los sindicatos de Justicia.
Los distintos cambios en la Consejería (hasta 5
Consejeros en los últimos 7 años) han ido aparcando estos compromisos y el desarrollo
de la nueva oficina judicial.
Tras el acceso a la Consejería del Sr.
LLera, Fiscal de profesión, y su actual equipo formado en los altos cargos por
Juez y Secretaria Judicial, parecía que por fin se iba a abordar de una vez por
todas estas reformas.
Sin embargo las acciones emprendidas, a
juicio de CCOO, van en sentido contrario y por tanto no tienen el apoyo de este
sindicato, a pesar de las manifestaciones del Consejero en el Parlamento y en
medios de comunicación, arrogándose el beneplácito sindical, más propaganda, y
falsa en lo concerniente a CCOO.
Se ha dado carpetazo al acuerdo marco 2005,
no se ha pactado nada con los sindicatos, y se han emprendido medidas
gravísimas de recortes, tanto salariales como de derechos de los trabajadores-as,
lo que esta desincentivando a los funcionarios de justicia que ven además con
impotencia como las cargas de trabajo están aumentando considerablemente y no
se pone remedio por parte de la Consejería.
Se ha dictado un decreto para implantar la Nueva Oficina Judicial Y Fiscal
(NOJF) en Andalucía, sin recoger las propuestas sindicales, sin aumento de
plantillas, cuando todos los estudios realizados hasta el momento, inclusive
por la propia Consejería reconocían la necesidad de un incremento de trabajadores-as.
Se pretende implantar unos macro-servicios,
sin delimitarlos, ni clarificar la división del trabajo, ni las tareas de los
funcionarios. Cualquier organización moderna de la administración exige una
relación de puestos de trabajo, definidos y organizados, lo que agilizaría
enormemente los tiempos de respuesta, permitiendo además a los Jueces que se
centren en su cometido constitucional, dictar sentencias y hacer que se ejecuten (así lo recogía el
espíritu del pacto por la Justicia y la letra de la Ley Orgánica del Poder
Judicial)
Sin embargo, en la NOJF andaluza ha primado
el interés más añejo y corporativo de los Jueces, estos no pierden el control
sobre cuestiones que les deberían ser ajenas, (edificios, agenda judicial,
entre otras), y la necesaria Relación de Puestos de Trabajo, se convierte, en
palabras de un funcionario, en un “Rebaño de Puestos de Trabajo”.
CCOO cree que esto es más de lo mismo, pasar
de unidades pequeñas, los actuales Juzgados, dirigidas por un Juez y
Secretario, a grandes unidades, dirigidas por Secretarios. Ambas, la antigua, y
la “nueva” sin una organización moderna y eficiente
Además la Consejería se niega a garantizar un
compromiso de revisión salarial en el futuro, o a garantizar los actuales
ingresos, se niega a pactar los traslados de los trabajadores, ni a que estos
sean voluntarios e incentivados.
En definitiva la Consejería de Justicia
e Interior esta llevando a cabo una política
propagandística, de hechos
consumados, imponiendo recortes, sin inversiones ni en más funcionarios ni en
nuevos medios materiales, con una visión totalmente conservadora de la
organización de los órganos judiciales. Así no se van a solucionar los
problemas que afectan a los Juzgados y Tribunales Andaluces. Todo cambia para
seguir igual.
Imprimir artículo