CCOO DENUNCIA QUE ESTA LEY REPRESENTA EL ATAQUE FRONTAL MÁS SEVERO, EN MÁS DE 35 AÑOS DE DEMOCRACIA, CONTRA DERECHOS FUNDAMENTALES COMO
ES UN INTENTO DESESPERADO DEL GOBIERNO DE IMPEDIR Y CASTIGAR LAS PROTESTAS DEMOCRÁTICAS DE
La aprobación por el Gobierno, en el pasado consejo de
ministros del 29 de noviembre, de la llamada con tremenda ironía “anteproyecto de ley para la protección de
la seguridad ciudadana” constituye el mayor atentado contra los derechos
y libertades ciudadanas, que dice pretender defender, en los últimos 35 años de
la historia de la democracia.
El Gobierno ha aprobado un anteproyecto que establece multas
de hasta 600.000 euros por el ejercicio de derechos legítimos como el derecho
de reunión y de manifestación (en una escala que se incrementa desde 1.000
euros para las sanciones por infracciones leves, pasando por 30.000 euros para
las graves y llegando hasta 600.000 euros para las muy graves) e impide de esta
manera coactiva que la ciudadanía pueda defenderse ante agresiones a derechos,
contra lo que solo le quedará el recurso contencioso-administrativo para el que
deberá pagar además tasas judiciales desde la reforma de Gallardón de 2012. Por
ejemplo, se sancionarán:
-
Las
concentraciones no comunicadas previamente (30.000 euros)
-
La
perturbación del orden en actos públicos, deportivos y culturales (30.000
euros)
-
Los
desórdenes en vía pública (manifestaciones o concentraciones que la policía
considere subjetivamente que se producen) (30.000 euros)
-
Las
manifestaciones o concentraciones con motivo de desahucios (30.000 euros)
-
Desobedecer o resistirse ante
decisiones de los agentes de la autoridad, incluso aunque éstas sean
profundamente injustas y coactivas. (30.000 euros)
-
Perturbación
del orden en campaña electoral (incluso la realización de manifestaciones o
concentraciones) (30.000 euros)
-
Manifestaciones y reuniones sin
autorización (30.000 euros)
-
Falta de colaboración con la policía
(30.000 euros)
-
Obstaculizar
la calle con elementos (30.000 euros)
-
Ofensas
a España, a las CCAA o a las corporaciones locales (30.000 euros)
-
La
intrusión en los recintos como los aeropuertos (con hasta 600.000 euros)
-
Celebrar
espectáculos públicos o recreativos prohibidos (600.000 euros)
La norma que ahora
aprueba el gobierno otorga un desmesurado, omnímodo y todopoderoso poder a la
policía y al Ministerio del Interior, además de una gran discrecionalidad, que
hasta el momento no tenía. Basta con la palabra de la policía para sancionar con multas
escandalosas. Ya no interviene el juez como sucedía cuando eran faltas, lo
que constituía una garantía. Porque el gobierno sabe que los jueces hasta el
momento han dado la razón a los ciudadanos en las manifestaciones ante el
Congreso y en los escarches, absolviendo a los detenidos por la policía.
El gobierno con esta ley lo que
pretende es impedir las protestas de la clase trabajadora y de la ciudadanía en
la defensa de nuestros derechos, y así destruir el Estado social y democrático
de derecho, acabar con las libertades, con los derechos sociales, con los
servicios públicos (sanidad, educación, justicia …), y sin ninguna oposición. CCOO LLAMA A LA RESPUESTA MASIVALA CIUDADANÍA PARALA DEFENSA DE
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