CCOO exige de nuevo al Ministro de Justicia que garantice el derecho a la tutela judicial al personal funcionario y laboral para la defensa de sus derechos laborales y profesionales
Para ello, Gallardón debe eliminar el abono de las tasas y la eventual imposición de costas judiciales
CCOO presenta propuestas concretas reclamando a Gallardón su inclusión en el anteproyecto de ley de justicia gratuita
Antes de que por el Gobierno se aprobara la Ley de Tasas Judiciales (BOE de 21 de noviembre de 2012), CCOO se dirigió al ministro de Justicia para exigirle su derogación. Asimismo, le manifestábamos nuestra oposición rotunda a que los trabajadores y las trabajadoras del ámbito público y privado tuvieran que pagar tasas y costas en los procedimientos judiciales, tanto en la jurisdicción social como en la contencioso-administrativo, en la defensa de sus derechos laborales y profesionales.
El Real Decreto Ley 3/2013 que ha modificado de forma irrelevante la Ley de Tasas (porque tan sólo supuso una disminución de las tasas en un 5%, manteniendo inalterable el 95 % restante), ha sido una operación de maquillaje y de lavado de cara de Gallardón provocado por la protesta general de la ciudadanía contra la implantación de las tasas judiciales, pero continúa impidiendo el acceso a la Justicia a una inmensa parte de la ciudadanía que carece de recursos, vetando así a la defensa de sus legítimos derechos.
Los informes del Consejo Económico y Social y del CGPJ emitidos recientemente, han sido muy críticos con el anteproyecto del Gobierno de la Ley de asistencia jurídica gratuita, pues en la misma se excluyen de sus beneficios a la inmensa mayoría de la ciudadanía. Estos informes representan para CCOO un claro ejemplo que lo que venimos denunciando desde hace meses sobre las decisiones del Gobierno en materia de tasas judiciales y costas.
La línea de actuación de Gallardón representa un atentado de dudosa constitucionalidad a los derechos de la ciudadanía y demuestran, además, que la Institución de la Defensora del Pueblo se aleja cada vez más de los derechos que debe defender que son los de la población y no los del poder ejecutivo, al negarse a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas, con el débil argumento de que remitió al ministro de Justicia alegaciones para reformar dicha ley, incluso sabiendo que en el RDL 3/2013 no se recogieron ni tan siquiera la mayoría de “sus recomendaciones”.
- Gratuidad Total en el orden social para trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social. Así como de funcionarios y estatutarios cuando tengan que intervenir en dicho orden jurisdiccional.
- Gratuidad total para los trabajadores en los procedimientos concursales
- Gratuidad total en el orden contencioso-administrativo de funcionarios y estatutarios en defensa de sus intereses profesionales, así como de trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, cuando tengan que intervenir en dicho orden jurisdiccional.
- Gratuidad total en los litigios promovidos por los beneficiarios del sistema de autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.
- Gratuidad total de sindicatos y representantes unitarios de los trabajadores cuando actúen en defensa de los intereses que les son propios tanto en el orden social como contencioso-administrativo. Así como en los procedimientos concursales.
- Mantenimiento a los trabajadores por cuenta ajena, beneficiarios de la Seguridad Social, funcionarios y personal estatutario, así como a los sindicatos, cuando ejerzan su derecho en el Orden Social, a no ser condenados en costas, derecho consagrado hasta ahora en el artículo 235 de la Ley de Jurisdicción Social y que se vería afectado por las previsiones contenidas en el texto del anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita.
- Reconocimiento a los representantes de los trabajadores y sindicatos cuando defiendan en el Orden Contencioso-Administrativo y en el procedimiento concursal los intereses que les son propios y a los trabajadores por cuenta ajena, beneficiarios de la Seguridad Social, funcionarios y personal estatutario cuando ejerzan sus derechos en el Orden contencioso-administrativo, a no ser condenados en costas. Así como el reconocimiento del derecho de los trabajadores por cuenta ajena a no ser condenados en costas cuando defienda sus derechos en el procedimiento concursal
Asimismo, CCOO ha vuelto a exigir al ministro de Justicia que cumpla con el compromiso expreso que se adquirió con los representantes de los trabajadores, de eliminar la necesidad de la postulación de los funcionarios públicos cuando acudan a defender sus derechos laborales y profesionales en el orden contencioso-administrativo, y lo traslade al anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita.
¡¡¡ANTE LA COACCIÓN DE
MOVILICÉMONOS EN DEFENSA DEL DERECHO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL A
NO PAGAR NI TASAS NI COSTAS EN EL ORDEN SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO!!!
