Actualmente existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil que quieren ser privatizados por el Ministro de Justicia. Estando servidos por unos 3.500 funcionarios de la Administración de Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.
La privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de personal suficiente y medios materiales modernos.
Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo.
Las consecuencias para los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia serán nefastas, se destruirá empleo y pasaremos a ser títeres para el Ministerio de Justicia, que ha abierto la puerta para movernos a su capricho, sin respetar nuestros derechos a la conciliación de la vida personal y familiar.
Con esta medida, el personal funcionario que presta servicios en los registros civiles únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No se garantiza, ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y tampoco que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa.
Pero esta privatización también tiene serías consecuencias negativas para la sociedad,
- Se produce después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que "ahora se aprovechará" para una gestión privada.
- Con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro civil supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.
- Además los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los aranceles que van a grabar a algunas inscripciones y actos del Registro civil y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS.
- Los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Esto beneficia, tanto a los interesados como al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a perjudicar a la mayoría de la población.
Los sindicatos representativos de los trabajadores de la Administración de Justicia nos oponemos a esta privatización, ya que el Registro Civil es un servicio público y esencial del que no se puede prescindir y su gestión ha de materializarse en prestaciones regulares y continuas que sólo debe pertenecer al Estado por medio de una Administración debidamente estructurada y cualificada para poder prestar un servicio de calidad a la ciudadanía.
Por ello, las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, STAJ Y UGT, consideramos necesario que sigan estando servidos por los funcionarios de la Administración de Justicia, pues nadie mejor que los funcionarios de la Administración de Justicia para ejercer las funciones propias del Registro Civil, aprovechando la formación y experiencia que tenemos en estos órganos.
Que por el Ministerio de Justicia se haya comprometido a mantener todos los puestos de trabajo, de personal funcionario titular e interino, mediante una disposición en la nueva Ley de Registro civil que se negociará en la mesa sectorial, si bien demuestra que la lucha es útil, no es suficiente.
En este sentido, EXIGIMOS al Ministerio de Justicia:
Que dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a
los registradores de la propiedad y mercantiles, pues significaría la
privatización inaceptable de un servicio público prestado por la Administración de
Justicia.
Que reconozca expresamente la condición de
servicio público esencial de los Registros Civiles y que en los mismos
continuarán prestando servicios el personal de la Administración de
Justicia.
Que, en su caso, se garantice en la
Ley de los Registros civiles, todos los puestos de trabajo,
tanto del personal titular como personal interino, destinado en los Registros
Civiles, únicos o compartidos, de toda España.
4 de marzo de 2013
¡¡¡EN
DEFENSA DE LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS REGISTROS CIVILES!!!
¡¡¡DEFENDAMOS EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA!!!
¡¡¡ACUDAMOS A LAS CONCENTRACIONES ANTE
LOS REGISTROS CIVILES EL 21 DE MARZO: DE 11,30 A 12,30!!!
Imprimir artículo
Podéis descargar la hoja en PDF en este enlace
