CCOO viene defendiendo muchas de estas reclamaciones que suponen el desmantelamiento del servicio público de la Justicia, que han sido contestadas con convocatoria de distintas movilizaciones desde julio del pasado año
CCOO considera imprescindible mantener la movilización permanente de todos los colectivos de la justicia y por eso valora positivamente el comunicado de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales
El comunicado de ayer, 5 de febrero, emitido por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales (APM y la asociación conservadora de Fiscales no apoyan la convocatoria de huelga con el resto de asociaciones) supone un cambio de rumbo de estas asociaciones que debe ser valorado positivamente porque contiene bastantes puntos que CCOO y miles de trabajadores de la Administración de Justicia llevamos reclamando desde hace meses, con convocatoria de múltiples movilizaciones, la última de ellas la manifestación estatal del pasado 19 de enero, en defensa del servicio público de la Justicia, que culminó con la entrega de miles de firmas al ministro Gallardón, reclamando la derogación de la Ley de Tasas y exigiendo la retirada del proyecto de Ley del Registro Civil así como del resto de los proyectos del Ministerio de Justicia que pretenden desmantelar el servicio público de la Justicia para convertirlo en un negocio.
Las llamadas del comunicado de estas asociaciones:
- A dotar a la sociedad de soluciones efectivas para la protección de los afectados por las ejecuciones hipotecarias,
- A la oposición a la privatización de los Registros Civiles,
- A la derogación de la Ley 8/2012 que implantó tasas judiciales abusivas en España,
- A la reforma de la Ley del Indulto, porque propicia la impunidad y la discrecionalidad del poder contra los más débiles y en defensa de los poderosos, son, entre otros aspectos del comunicado, cuestiones claves que CCOO defiende con la máxima contundencia y lleva tiempo participando en las movilizaciones de manera activa con otras organizaciones.
CCOO trasladará, a la Plataforma Justicia para Todos, nuestra posición, en el sentido de que, en estos momentos, todos los colectivos, trabajadores de la Administración de Justicia, profesionales, jueces, fiscales y ciudadanos debemos crear un frente común en la defensa del Servicio Público de la Justicia y del empleo. Porque, luchar unidos contra las tropelías de este ministro y del Gobierno, es obligación de todos los que estemos de acuerdo en unas cuestiones básicas, pero fundamentales, como:
- Por la defensa del servicio público de la Justicia, contra la privatización de los registros civiles que supondrá la eliminación de más de 3.500 puestos de trabajo.
- Por la defensa del empleo y la garantía de que no habrá destrucción de puestos de trabajo
- Por exigir el compromiso del ministro Gallardón de que asumirá los incrementos de plantilla necesarios para el buen funcionamiento de la Justicia, tanto de puestos de personal funcionario como de personal laboral y de jueces y fiscales.
- Por la derogación de la ley de Tasas Judiciales (BOE de 21 de noviembre de 2012)
- Por la derogación de la reforma de la LOPJ (LO 8/2012 de 27 de diciembre, BOE 28-12-2012) y, por tanto, recuperación de los derechos de los trabajadores eliminados en dicha reforma.
- El compromiso de que el Gobierno renunciará a privatizar cualquier servicio de la Administración de Justicia, y en concreto, la privatización de los actos de comunicación que supondría, también, la eliminación miles de puestos de trabajo.
- Por la búsqueda de soluciones legales que acaben con el drama de los desahucios (CCOO impulsó decididamente la Iniciativa Legislativa Popular por la reforma de la Ley Hipotecaria)
En estos momentos tan graves para el Estado Democrático y de Derecho, en el que se acumulan gravísimos asuntos de corrupción que atentan contra la decencia de millones de ciudadanos, mientras los mismos responsables de esta depravación están suprimiendo derechos y recortando las retribuciones de miles de trabajadores y trabajadoras, podemos y debemos crear un frente común con todos los colectivos que en la Administración de Justicia estemos dispuestos a defender estos aspectos esenciales para los derechos de trabajadores y la ciudadanía, porque no podemos tolerar sean atacados y vulnerados.
Madrid, 6 de febrero de 2013
