1 - Las estadísticas dicen que la mayor parte de los accidentes en los trenes se producen en el vagón de cola, ¿cómo podríamos evitarlos?
- Elemental, suprimiendo el vagón de cola.
2 - Los juzgados soportan una alta litigiosidad, ¿cómo podríamos reducirla?
- ¿Reorganizando la burocracia judicial y dotándola de medios?
- No. Limitando el número de asuntos que ingresan en los juzgados.
- ¿Cómo? ¿Potenciando la mediación y la solución extrajudicial para la resolución de los conflictos?
- No. Poniendo trabas para el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Si los requisitos para demandar son muy gravosos, renunciarán a acudir a los juzgados... y bajará la litigiosidad. Aprobemos la Ley de Tasas.
3 - ¿Qué hay de lo mío, Gallardón?
La respuesta a tan disparatada Ley fue inmediata.
La respuesta a tan disparatada Ley fue inmediata.
Los abogados y procuradores, que ven como se reducirá su volumen de trabajo, piden la dimisión de Gallardón.
Los jueces, que ven como con la reforma de la LOPJ en trámite desaparecerán jueces sustitutos, días por asuntos propios y demás prebendas, piden la dimisión de Gallardón.
Los secretarios, que demandan la puesta en marcha de una oficina judicial que duerme el sueño de los justos, piden la dimisión de Gallardón.
¿Y los ciudadanos, los principales afectados por la nueva Ley?
Vaya, que se nos olvidó explicarles las consecuencias de esta Ley, pero, en todo caso, ya estamos nosotros para defenderlos.
4 - ¿Afecta la Ley de Tasas a los funcionarios de Justicia?
Hace unas semanas, un compañero declaraba a un diario que, en principio, la Ley de Tasas no afectaba a los funcionarios… en principio, ¿pero al final?
Veamos. La Ley de Tasas supondrá un notable descenso en el número de asuntos que se tramitan en la jurisdicción social, civil y contenciosa.
Algunos juzgados, como consecuencia e ello, se acercarán a los "módulos" que el CGPJ fija como carga de trabajo "normal", pero otros verán como desciende el número de asuntos muy por debajo de esos módulos con lo que estará en cuestión la continuidad de estos juzgados.
Para los próximos años casi se puede afirmar que no se convocarán oposiciones para la administración de Justicia (salvo algunas plazas de jueces y fiscales) y que no se cubrirán jubilaciones y bajas por fallecimiento y que la contratación de los interinos se reducirá al mínimo imprescindible.
Por otra parte, en algunos proyectos ya se estudia la posibilidad de otorgar a los procuradores funciones que actualmente desempeñan compañeros del cuerpo de auxilio judicial (notificaciones, citaciones, ejecuciones) y no se nos olvide la próxima entrada en vigor de una "privatizada" Ley del Registro Civil.
Entonces, ¿cómo se cubrirán las vacantes?, ¿cómo se dotarán de personal los nuevos juzgados?
Modificando las plantillas: Amortizando plazas que queden vacantes (suprimiendo plazas en algunos juzgados) y reordenando efectivos, con un coste cero a la espera de lo que pueda acontecer con la nueva oficina judicial. Galicia y Valencia son las comunidades pioneras en la aplicación de esta política.
5 - ¿Implicará esta política traslados forzosos?
Veamos lo que dice el proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobará antes de final de año, ya que el PP decidió aplicar al proyecto la tramitación urgente.
Veintinueve. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 528, con el siguiente tenor:
«Por motivos excepcionales, el Ministerio de Justicia, o en su caso las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, podrán acordar planes de ordenación de recursos humanos en los términos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para los funcionarios de la Administración General del Estado.»
¿Nos afecta a los funcionarios la Ley de Tasas? Pues sí.
¿Cómo se responde a esta agresión?
Huyendo de los corporativismos e implicando en la denuncia y en la movilización a los ciudadanos (usuarios de la Justicia) y a todos los colectivos relacionados con la administración de Justicia (abogados, procuradores, jueces, fiscales y funcionariado) desde la perspectiva de que esta Ley no es un hecho aislado sino que guarda íntima relación con el resto de los recortes en los servicios públicos y responde a un modelo de sociedad perfectamente definido en el que la solidaridad y el apoyo mutuo serán sustituidos por la ley del más fuerte. En definitiva, evitar que la justicia quede reservada para unos pocos, los más ricos.
Xaime Meilán
