El pleno del Consejo General del Poder
Judicial ha aprobado una propuesta de reducir el 53,83% los partidos judiciales
en España. La reducción de partidos judiciales que propone el CGPJ es pasar de
431 a 199 partidos judiciales.
Esta reducción, si finalmente es aprobada por el Gobierno,
es un retroceso sin precedentes en la Administración de Justicia y un profundo
ataque a los derechos de los ciudadanos.
Y significa igualmente un ataque en toda regla a los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia, pues la propuesta busca fundamentalmente una reducción significativa de las plantillas y contemplará el traslado de localidad de cientos de trabajadores, sin respetar sus derechos consolidados.
Si el Gobierno aprueba finalmente una propuesta en esta dirección, los ciudadanos tendrán más dificultades aún para que se respete su derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde que tomó posesión, Gallardón ha anunciado, entre otras decisiones, primero, la modificación de la Ley de Planta y Demarcación sin negociación, luego que los Tribunales de Instancia agruparían Juzgados de la misma jurisdicción, más tarde el incremento de las tasas judiciales, después que los funcionarios públicos eran unos privilegiados por poder acudir a defender sus derechos laborales sin abogado ni procurador y ahora es el anuncio de la reducción muy considerable de los Partidos Judiciales.
Es evidente, que estas decisiones, sin respetar siquiera el derecho a la información, primero, y a la negociación con los representantes de los trabajadores, además de una falta de respeto a más de 40.000 compañeros, es un incumplimiento flagrante del derecho a la negociación colectiva, y parece que el Gobierno pretende aplicar de facto la infumable reforma laboral en el ámbito de la función pública, como CCOO viene explicando desde que fue aprobada por el Gobierno.
CCOO denunciará ante la opinión pública esta decisión, porque los ciudadanos tienen que conocer que lo que se pretende también en el ámbito de la Administración de Justicia es deteriorar los servicios públicos, acabando con derechos que hemos conquistado con los ingentes esfuerzos de miles de personas.
Y significa igualmente un ataque en toda regla a los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia, pues la propuesta busca fundamentalmente una reducción significativa de las plantillas y contemplará el traslado de localidad de cientos de trabajadores, sin respetar sus derechos consolidados.
Si el Gobierno aprueba finalmente una propuesta en esta dirección, los ciudadanos tendrán más dificultades aún para que se respete su derecho a la tutela judicial efectiva.
Desde que tomó posesión, Gallardón ha anunciado, entre otras decisiones, primero, la modificación de la Ley de Planta y Demarcación sin negociación, luego que los Tribunales de Instancia agruparían Juzgados de la misma jurisdicción, más tarde el incremento de las tasas judiciales, después que los funcionarios públicos eran unos privilegiados por poder acudir a defender sus derechos laborales sin abogado ni procurador y ahora es el anuncio de la reducción muy considerable de los Partidos Judiciales.
Es evidente, que estas decisiones, sin respetar siquiera el derecho a la información, primero, y a la negociación con los representantes de los trabajadores, además de una falta de respeto a más de 40.000 compañeros, es un incumplimiento flagrante del derecho a la negociación colectiva, y parece que el Gobierno pretende aplicar de facto la infumable reforma laboral en el ámbito de la función pública, como CCOO viene explicando desde que fue aprobada por el Gobierno.
CCOO denunciará ante la opinión pública esta decisión, porque los ciudadanos tienen que conocer que lo que se pretende también en el ámbito de la Administración de Justicia es deteriorar los servicios públicos, acabando con derechos que hemos conquistado con los ingentes esfuerzos de miles de personas.
