CCOO critica los PGE-2012 porque van esencialmente encaminados a adelgazar el sector público en España y reducir el gasto social, pese a los esfuerzos del Gobierno para explicar que estas cuentas públicas generan confianza, y sostiene que hay alternativas, medidas económicas contrarias a las que se están adoptando.
"Son los Presupuestos que necesita España en un momento de recesión económica". Así se manifestó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha redoblado sus esfuerzos por explicar unas cuentas que reducirán el gasto público 18.300 millones de euros y que supondrán un aumento de los ingresos fiscales de 9.000 millones. Su objetivo: reducir el déficit público, "recuperar la confianza de los socios europeos, de las instituciones europeas y de los inversores, que son los acreedores de España", en palabras del ministro.
Pero los mercados no parecen recuperar esa confianza. El Ibex cerró la sesión ayer con una caída del 2,96% y ha marcado su mínimo anual en 7.433 enteros pese a los últimos recortes anunciados por el Gobierno para cumplir con los objetivos de déficit, mientras la prima de riesgo de España se ha disparado a 435 puntos.
Recortes en varias partidas de gasto
Solo en prestaciones por desempleo, el Gobierno destinará un total de 28.503,12 millones de euros este año, lo que representa un 5,4% menos en comparación con el presupuesto de 2011, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012. Las pensiones acaparan el 37% del gasto (+3,2%). También se produce una caída del 4,3% del gasto social, hasta los 175.382,7 millones de euros, cifra que representa el 56,2% del gasto total.
El gasto en políticas activas cae un 21% y en formación un 34%, pero en bonificaciones sube un 6,1% a la contratación en la reforma laboral del Gobierno.
El proyecto de ley de Presupuestos también contempla una inversión en infraestructuras de 11.386,89 millones de euros, lo que supone un descenso del 22% respecto a lo fijado en el Presupuesto de 2011.
La reducción del déficit público
El planteamiento de política económica que subyace en la elaboración del los PGE-2012 se basa esencialmente, en opinión de Antonio González, miembro de "Economistas frente a la crisis", en la idea de que la drástica y rápida reducción del déficit público mejorará las condiciones de financiación de la economía española y con ello se asegurará la recuperación del crecimiento y del empleo, tal y como ha explicado el Ministro de Hacienda en la presentación pública de estos Presupuestos.
"Esto, a nuestro juicio, está muy lejos de la realidad. El resultado va a ser, lamentablemente, el contrario: los Presupuestos deprimirán aún más la economía, agudizando la recesión a la que de nuevo hemos vuelto, aumentarán las dificultades para devolver los créditos, crecerán los fallidos, y arreciará la desconfianza en las perspectivas futuras de la economía española, y las condiciones de financiación serán todavía más difíciles. Ninguno de los problemas se habrá resuelto. Al contrario, serán más graves. Y entonces, todos los que insisten en los recortes, y el propio Gobierno, volverá a decir que, para salvar la situación, hacen falta nuevas reformas, es decir, nuevas podas a los maltrechos servicios públicos. Habremos dado una vuelta más en esta espiral en la que algunos parecen estar tan cómodos".
Reiterando lo que sindicatos repiten hasta la saciedad desde el inicio de la crisis y el anuncio de las primeras medidas para superarla: hay alternativas a los recortes del déficit público, Antonio González afirma que "hay respuestas válidas y viables desde el punto de vista económico, y son precisamente las contrarias a las que se están adoptando".
La deuda privada es la que genera desconfianza
Antonio González se pregunta en su artículo "Los Presupuestos del Estado para 2012: no es esto, no es esto", publicado en nuevatribuna.es, ¿por qué ahora, que se aborda una reducción casi brutal del déficit público, los mercados se muestran quizá más desconfiados? Para a continuación asegurar que la respuesta está en el propio análisis, en el error fundamental en el planteamiento mismo de la cuestión: no es el déficit público y su corrección actual lo que plantea desconfianza, sino la deuda privada y las serias dudas sobre su capacidad para devolver los préstamos que sobre las mismas nos hicieron a lo largo de los años. Para Antonio González, lo que observan los mercados es:
1.- El peligro creciente de que no se puedan devolver esos créditos y empréstitos del exterior por parte de las empresas y de las entidades financieras nacionales.
2.- Que ese riesgo aumenta a medida que se observa que la situación económica española se deteriora con una vuelta a la recesión, lo que reducirá los niveles de producción y renta generados, y todo el mundo sabe que, cuando se gana menos, es más difícil pagar las deudas, y más probable incumplir los pagos.
3.- Que nuestras entidades financieras, que son las intermediarias en la mayor parte de esos créditos (ellas pidieron el dinero prestado para luego otorgar los créditos), y por lo tanto las garantes de los mismos, concedieron grandísimas sumas de ese dinero a la promoción inmobiliaria, las cuales no se podrán recuperar, o no se podrá evitar incurrir en pérdidas importantes, debido a que esas promociones no podrán ser vendidas, o no podrán ser vendidas sin pérdidas. Quebrantos cuya probabilidad y cuantía aumenta a medida que se percibe como inevitable el hundimiento de los precios de los activos inmobiliarios, en parte debido a la propia falta de crecimiento de la economía. Un elemento adicional de desconfianza general se deriva directamente del hecho de que las entidades no reconozcan esta situación y mantengan ‘ocultos’ en sus balances tales problemas, y que tampoco estén realmente contabilizados en las previsiones que el Gobierno ha realizado respecto a las obligaciones de saneamiento del sector financiero.
4.- Que como resultado de todo lo anterior muy probablemente tendrá que ser el Estado el que tenga que hacerse cargo al cabo del tiempo de las deudas del sector privado, asumiendo para ello las pérdidas del sistema financiero (sus pérdidas son los créditos no pagados por las empresas y los particulares, tanto por el hundimiento del mercado inmobiliario como por efecto de la recesión y de la imposibilidad de la economía para recuperar el crecimiento). Y que esas deudas que tenga que asumir el Estado español sean tan grandes que hagan imposible que este pague. Ese peligro amenaza, lógicamente, a toda la deuda que el Estado tiene en circulación por lo que la prima de riesgo aumenta.
Vínculos de interés relacionados
