CCOO reclama al Ministro de Justicia medidas urgentes para recuperar los nueve días de asuntos particulares


29 may. 2018


  • No puede haber más excusas: la nueva situación política (moción de censura o nuevas elecciones) no puede impedir que el personal de la Administración de Justicia no recupere los derechos arrebatados, entre ellos la devolución de los nueve días de asuntos particulares, que lo fueron injustamente en 2012

CCOO RECLAMA AL MINISTRO DE JUSTICIA QUE ADOPTE MEDIDAS URGENTES QUE PERMITAN QUE EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECUPERE LOS 9 DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES

Para ello, Catalá debe pactar con los grupos parlamentarios mayoritarios la aprobación urgente de la reforma de la LOPJ (retirando a su vez todas las enmiendas que suponen una nueva agresión a los derechos del personal) o, en caso de que esto no sea posible por plazos, dictar una orden por la que se modifica la jornada de trabajo, reduciéndola en 22,5 horas anuales (3 días) para todo el personal de la Administración de Justicia.


RAFAEL CATALÁ POLO
MINISTRO DE JUSTICIA

Madrid a 28 de mayo de 2018

El pasado 18 de diciembre de 2015, el ministro de Justicia y los cuatro sindicatos más representativos de la Administración de Justicia, suscribimos un acuerdo, en el que, entre otros aspectos, se recogía la recuperación de algunos derechos, injustamente arrebatados al personal de la Administración de Justicia.

Entre esos derechos, se acordó la recuperación de los 9 días de asuntos particulares, de los que disponíamos hasta que el Real Decreto Ley 20/2012 los eliminó, junto a otros muchos derechos conquistados a lo largo de muchos años de reclamaciones y, en muchos casos, movilizaciones.

El pasado 6 de octubre de 2017, casi dos años después de ese acuerdo, el grupo popular presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley, denominada, “Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias”, que incluía el compromiso adquirido por el ministro de Justicia con los sindicatos representativos hace casi dos años.

Pues bien, desde el 6 de octubre, han pasado casi ocho meses, y dicha reforma está estancada en el Congreso de los Diputados, pues los únicos avances que se han producido en su tramitación han sido: a) ampliación sine die del plazo de presentación de enmiendas que finalizaba inicialmente el 28 de noviembre, y se ha venido ampliando hasta el 28 de febrero de 2018 y b) votación de la toma en consideración de dicha reforma del 24 de octubre de 2017, hace ya siete meses, que no tuvo votos en contra.

Además, el grupo popular por iniciativa del Ministerio de Justicia presentó, sin acuerdo alguno y ni siquiera negociación, más de 50 enmiendas a esta proposición de Ley el último día de la última ampliación del plazo para presentar enmiendas, algunas de las cuáles, como la reforma del artículo 521 sobre los centros de destino, sabe perfectamente el ministro de Justicia que constituyen una agresión a los derechos laborales, que las y los trabajadores de la Administración de Justicia y las organizaciones sindicales representativas, como CCOO, rechazamos con la máxima contundencia. Y, como sabe, le hemos pedido reiteradamente se retiren de la tramitación de esta proposición de Ley.

Pues bien, si todo esto no fuera de por sí una situación que requiere de una acción urgente del ministro de Justicia para acelerar la aprobación de esta reforma en la dirección de la recuperación de los 9 días de asuntos particulares para todo el personal de la Administración de Justicia de todos los ámbitos territoriales (como sabe, CCOO también exige su aprobación con efectos de recuperar esos días respecto a 2017, pues el retraso ya ha sido considerable desde diciembre de 2015, que suscribimos el acuerdo citado más arriba), y proceder a la retirada de las enmiendas presentadas por el grupo popular unilateralmente y sin negociación con los representantes de los trabajadores, la nueva situación política complica aún más el panorama.

Si por una causa o por otra (triunfo de la moción de censura o adelanto electoral), la disolución de las cámaras se produce antes de la aprobación de esta proposición de Ley, solo las y los trabajadores de la Administración de Justicia serán las víctimas de nuevo de una situación de la que no solo no son responsables, sino que volverán a sufrir la incapacidad del Gobierno para cumplir en los plazos adecuados sus compromisos.

Es por lo que le urgimos a que adopte la iniciativa de inmediato y proponga a los grupos parlamentarios aprobar esta proposición de Ley con la máxima urgencia, que incluya la recuperación de los 9 días de asuntos particulares para todo el personal de la Administración de Justicia, así como la retirada de las más de 50 enmiendas que ha presentado a esta proposición de Ley el grupo popular.

Entendemos desde CCOO que existe consenso entre todos los grupos parlamentarios mayoritarios en la Cámara para que por acuerdo se proceda a la aprobación urgente de esta reforma parcial de permisos y licencias de la LOPJ, si solo se incluye en ella el texto original traído a esta cámara el pasado 6 de octubre por el grupo popular.

Y para el caso de que fuera verdaderamente imposible aprobar esta reforma de la LOPJ, en relación a la recuperación de los 9 días de asunto particulares, porque se produce la disolución de las cámaras por una u otra causa en un muy breve plazo, CCOO le reclama que, con carácter provisional hasta que se pueda aprobar esta reforma, proceda a modificar la orden que regula la jornada de trabajo de la Administración de Justicia en cómputo anual, de forma que 22,5 horas de la jornada anual (3 días) se reduzcan de la jornada total anual, que quedarían a libre disposición de las y los trabajadores de la Administración de Justicia para su uso y disfrute, con la única condición de que lo comuniquen con carácter previo, de la misma forma y en los mismos términos que se procede con los días de asuntos particulares. Solo requeriría la modificación de la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo y la Orden JUS/797/2012, de 29 de marzo (que regula la duración de la jornada de trabajo en cómputo anual del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los Letrados, respectivamente)
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