- El plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial electrónico vence mañana, 7 de julio, y CCOO denuncia el incumplimiento grave de la Ley por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a ninguna de las fiscalías
Madrid, 6 de julio de 2016.
Según las informaciones de CCOO solo 25 de los 113 partidos judiciales del territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia (Comunidades Autónomas de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla) tienen instalado el programa Minerva Digital que permite la digitalización de los procesos judiciales.
En las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, solo Cantabria y Navarra podrán en la fecha legal señalada para el 7 de julio utilizar el expediente judicial electrónico en todos los órganos judiciales, salvo en los juzgados de paz; La Rioja, Aragón, Cataluña y Andalucía, lo harán solo parcialmente y en la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Madrid, Asturias y Euskadi no se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con soporte digital encontrándose en diferentes grados de implantación que podrá demorarse durante años en algunos casos.
Ninguno de los 1166 juzgados y agrupaciones de juzgados de paz de toda España con personal al servicio de la Administración de Justicia dispone de los medios tecnológicos necesarios. Salvo Cantabria y Navarra, ninguna de las otras 48 Audiencias Provinciales ni ninguno de los otros 15 Tribunales Superiores de Justicia (en Murcia solo parcialmente) se ha podido poner en marcha el expediente judicial electrónico; en cuanto a los órganos centrales gestionados también por el Ministerio de Justicia, solo los Juzgados y Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Audiencia Nacional utilizan desde hace años el mal llamado “papel 0”, mientras que el resto de la Audiencia Nacional (Salas y Juzgados de las jurisdicción penal) y todas las salas del Tribunal Supremo quedan por ahora excluidos de la digitalización.
Para CCOO esta lamentable e ilegal situación (recordemos que la disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia estableció el 7 de julio de 2016 como fecha tope para la implantación del expediente judicial electrónico) se ha debido, además de a la desidia del propio Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias, al empecinamiento del ministro de Justicia Rafael Catalá que ya, en la precampaña electoral de las elecciones del 20D anunció el “papel 0” en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación puramente propagandística que ocultó, incluso, que lo único que debía entrar en vigor en esa fecha era el sistema de comunicaciones telemáticas entre juzgados y profesionales.
Así, el propio ministro Catalá, el 29 de Diciembre de 2016, pasadas las elecciones, no tuvo más remedio que reconocer que en algunas Comunidades Autónomas como Valencia, Cataluña, Euskadi, Andalucía o Madrid, no se cumplirían los plazos de implantación.
Desde entonces, el Ministerio de Justicia ha seguido ocultando que la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia no es generalizada, que se están produciendo graves fallos de funcionamiento en el sistema Lexnet de comunicaciones y que el expediente judicial electrónico solo estaría listo para ponerse en marcha en los plazos legales en una parte muy minoritaria de los juzgados y tribunales y en ninguna fiscalía.
Desde el mes de enero de 2016 CCOO ha venido solicitando la moratoria de los plazos de implantación, propuesta a la que se han sumado diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía General del Estado, varios colegios y asociaciones de abogados y procuradores y un sinfín de operadores jurídicos junto a gobiernos autonómicos con competencias.
También desde el sindicato se ha solicitado reiteradamente la convocatoria de las mesas de negociación para evaluar y negociar las necesidades de incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y generales, de las nuevas funciones de los trabajadores y las trabajadoras derivadas de los nuevos sistemas de trabajo y del resto de condiciones de trabajo sustancialmente modificadas.
A ambas solicitudes de moratoria y negociación ha hecho caso omiso el Ministerio de Justicia que, aun hoy, se niega a reconocer que la implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia en los plazos legales establecidos ha resultado fallida.
CCOO vuelve a manifestar su decidida apuesta por la modernización de la justicia pero exige que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios personales y materiales necesarios y con formación profesional exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías. Imprimir artículo
