El Ministerio de Justicia no
incorpora el 90 % de las alegaciones presentadas por CCOO y por el resto de
organizaciones a las bases de las oposiciones 2015.
CCOO manifiesta al Ministerio de Justicia su
rechazo a las bases definitivas que regirán los procesos selectivos y que
próximamente se publicarán en el BOE
PARA CCOO, EL MINISTERIO DE JUSTICIA TERMINA LA LEGISLATURA COMO
LA EMPEZÓ : DEMOSTRANDO
SU NULO INTERÉS EN APOSTAR POR UNA VERDADERA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE LUCHE
CONTRA LAS CONDICIONES DEL EMPLEO EN PRECARIO Y SEA GARANTISTA CON LOS DERECHOS
DE LAS Y LOS OPOSITORES
El
Ministerio de Justicia ha remitido el 6 de octubre, a las organizaciones
sindicales representativas, las bases definitivas de las convocatorias de oposiciones 2015 de los cuerpos generales de Gestión, Tramitación y Auxilio,
que, según su propia información, se publicarán en el BOE en los meses de
octubre (Gestión) y noviembre (Tramitación y Auxilio Judicial). Faltan por
remitir las bases de Médicos Forenses, Secretarios Judiciales y Facultativos,
plazas incluidas también en el Real Decreto de OEP 2015, publicado en el BOE el
22 de marzo de 2015.
Las
bases no recogen ninguna de las alegaciones esenciales de las que presentó CCOO, y,
con respecto a las remitidas inicialmente, no presentan modificaciones significativas. Esto supone
una vez más que las personas que deseen optar a un puesto de trabajo en la Administración de
Justicia tendrán que enfrentarse a un proceso selectivo que, a juicio de CCOO, no
respeta algunos de los principios constitucionales que deben regir las ofertas
de empleo público, dejando por tanto a las y los opositores en una total
inseguridad jurídica, especialmente en relación a los programas que rigen
dichos procesos y las pruebas de carácter práctico
Algunos
de los pocos aspectos positivos de las bases (que los opositores/as que reúnan
los requisitos se puedan presentar a los dos turnos, promoción y libre, y, como
contrapartida negativa, que las plazas sin cubrir del turno de promoción no van
a incrementar las del turno libre; y que se elimine la obligación del curso
selectivo, cuestión reclamada por CCOO desde hace años) no son ningún mérito del
Ministerio de Justicia. Pues ambas cuestiones se derivan de la reforma de la LOPJ , que ha entrado en vigor
el 1 de octubre.
Para
CCOO,
el Ministerio de Justicia rechazando nuestras alegaciones:
Ø
No
garantiza la seguridad jurídica de los opositores/as al no aceptar la justa
reclamación de CCOO
para que el temario de todos los procesos selectivos incluya exclusivamente la
normativa publicada en el BOE vigente en el momento de la convocatoria.
Ø
No
asegura la cobertura del 100 % de las plazas en ninguno de los turnos, ni en el
libre ni en el de promoción interna.
Ø
No
se compromete expresamente en las bases a asegurar que las preguntas de
los Tribunales se atendrán exclusivamente a los programas establecidos y se ajustarán a
la titulación requerida para el acceso a cada cuerpo.
Ø
Demuestra
de nuevo la poca importancia que el Ministerio de Justicia da a la lucha para
combatir al máximo el empleo en precario existente en la Administración de
Justicia. CCOO
defiende el acceso por ambos turnos por el sistema de concurso oposición, igual
que se aplicó en los procesos 2006 y 2008, y que dieron un resultado muy
satisfactorio. Consideramos que el proceso selectivo debe ser una herramienta
para reducir al máximo el empleo en condiciones precarias en la Administración de
Justicia, siempre que respete la condición imprescindible de garantizar los
principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad.
Al no aceptar ni siquiera el 10 % de las
propuestas sindicales, el Ministerio de Justicia demuestra dos cosas:
Ø
El
nulo valor que da a la negociación en las cuestiones de máxima importancia para
los trabajadores/as, como son las oposiciones, uno de los pilares fundamentales
para la defensa del empleo público.
Ø
El
poco interés que tiene el Ministerio de Justicia en comprometerse a que los
procesos selectivos van a gozar de la máxima seguridad jurídica, y que nadie
verá sus esfuerzos anulados por un proceso selectivo que no cumpla con las
garantías que deben exigirse en una oferta de empleo público.